(Publicado en la página del IJM el 9 de febrero)

Ayer se dieron a conocer a las directrices generales del Plan Nacional de Control Tributario. No es algo excepcional, está previsto por ley que se publique cómo pretende el gobierno mejorar la eficiencia recaudatoria y la lucha contra el fraude fiscal durante ese año. Sin embargo, resulta más doloroso hoy que antes por las circunstancias económicas que atravesamos. Pero claro, ¿quién puede estar en contra de un plan que trata de eliminar el robo de unos ciudadanos a otros? Ese es el enfoque mezquino que se esconde detrás de este tipo de iniciativas. Y para explicarlo a quienes no tenemos problema alguno en cuestionar lo que haga falta, se recurre a la falacia más grande de todas.

Los impuestos deben pagarse como aportación a la financiación de los servicios comunes que todos utilizamos y por solidaridad, para que todos disfrutemos de determinado nivel de vida, se nos dice. De esa forma, cuestionar los impuestos es declararte en contra de pagar la parte que te corresponde de aceras, iluminación pública, etc., y también se entiende como defender que los viejecitos pobres se mueran por las calles y los niños, desnutridos, no estudien y acaben por llevar una vida miserable, probablemente en el mundo de la delincuencia.

Sin embargo, una cosa es estar de acuerdo en que si todos utilizamos servicios y bienes comunes como las calles o el transporte los gastos van «a escote», y otra aceptar que las cosas se hagan de cualquier manera. No todos los impuestos se utilizan para esos costes comunes, también se financian partidos políticos, sindicatos, fundaciones de todos los pelajes y se hacen transferencias a colectivos para las causas más peregrinas que uno pueda imaginar. A eso hay que añadir la corrupción en las instituciones, bien estatales, bien autonómicas y locales. Se financian cadenas de televisión deficitarias, institutos y comités duplicados, clientes electorales. Y, como era de esperar, la gente lo nota, y termina por no rebelarse, pero se siente justificada para incumplir la norma cada vez que puede.

Por otro lado está el tema de la solidaridad. ¿Es el Estado quien mejor asegura la provisión de esos servicios? ¿Como el caso de las pensiones? ¿O de la enseñanza? Y, sobre todo, ¿pueden los individuos elegir quién debe proveerlos? Frédéric Bastiat lo explica muy bien con su ejemplo de la carrera de caballos. Bastiat plantea que la provisión de bienes y servicios no es tanto como una carrera en la que es fundamental que todos los caballos pesen lo mismo para que no haya aventajados. Se trata de que el que corra más rápido llegue antes al campamento para entregar un mensaje muy urgente. Y ahí, si uno de los caballos pesa menos y es más veloz, no importa, porque lo relevante es entregar el mensaje. Es decir, en el caso de la sanidad, la enseñanza, nuestros mayores, niños y enfermos, lo solidario es asegurar que la provisión es universal y la mejor posible. Y no está claro que esa tarea la desempeñe mejor el Estado que la iniciativa privada, muchas veces es al revés. A pesar de lo cual, incluso si aportas datos objetivos, el mensaje sigue siendo que quieres que se mueran todos y eres una desalmada. Y te acusan de querer que haya medicina para ricos y para pobres.

No ayuda nada a sostener sus argumentos el que los gobiernos legislen de manera que establezcan categorías de ciudadanos: los «favoritos» y el resto. Unos, como los diputados, cobran unas pensiones y el resto, otras; o no declaran la mitad de sus ingresos y el resto trabajamos para el Estado la mitad del año. Unos (clientes electorales) reciben suculentas subvenciones para mantener viva una actividad que muchas veces es deficitaria, y al resto nos cuesta mantenernos como autónomos o PYMES.

Por eso es complicado que los ciudadanos de segunda aceptemos de buena gana este plan de lucha contra el fraude propuesto por políticos pillados en flagrantes mentiras y evidentes malos gestores de nuestro dinero.

Pero hay un caso en el parece que hay consenso. Se trata del respeto a la propiedad privada de los beneficios. Quienes guardan sus fortunas en «paraísos fiscales» tienen muy mala prensa y en estas directrices del Plan se expresa el propósito de luchar para que desaparezcan estos lugares en los que la tributación es menos estricta. Eso sí, se rechaza cualquier intento de Angela Merkel o Nicolas Sarkozy de homogeneizar fiscalmente la Unión Europea con argumentos olvidados cuando hablamos de fuga de capitales. Somos soberanos para establecer un sistema impositivo en nuestra nación, pero los países a donde los capitales de los ciudadanos españoles van no lo son tanto. El deber del Estado es crear un marco atractivo para que los inversores nativos se queden e incluso para que vengan los de fuera. De ahí que el Reino Unido haya tomado medidas para atraer a los inversores de fuera.

Finalmente, teniendo en cuenta la subida de impuestos reciente que no ha sido acompañada por un contundente esfuerzo de reducción del gasto, qué tipo de legitimidad tiene el gobierno de Rodríguez Zapatero para hablar de ajustar el presupuesto, sea de cara a la galería de la Unión Europea, sea porque no le llega para pagar a sus asesores. Ninguna, en mi opinión.

Pero no pasará nada. Mientras no prohíban el circo, nos quedaremos sin pan y tan contentos.