Los implantes PIP: control de calidad y responsabilidad subsidiaria
Hace una semana, antes de que el juicio a Iñaki Urdangarín colapsara los titulares de todos los periódicos e invadiera los minutos de telediarios y programas del corazón, saltó a la palestra de la opinión pública el problema de las prótesis mamarias defectuosas. Un puñado de famosas o presuntas famosas se apresuraron a reclamar focos... View Article
Hace una semana, antes de que el juicio a Iñaki Urdangarín colapsara los titulares de todos los periódicos e invadiera los minutos de telediarios y programas del corazón, saltó a la palestra de la opinión pública el problema de las prótesis mamarias defectuosas. Un puñado de famosas o presuntas famosas se apresuraron a reclamar focos y cámara para confesar que llevaban implantes PIP y que tendrían que pasar de nuevo por el quirófano.
A pesar de que, además de estos testimonios, hubo otros mucho más dramáticos de mujeres anónimas que habían pasado ya por el quirófano hasta en cuatro ocasiones, con bultos de silicona industrial enquistada en el sistema linfático y hasta tumores en el cerebro, aún hay que aguantar miradas maliciosas o sonrisas faltonas cuando se intenta profundizar. Resulta que si se rasga una prótesis, se vierte un producto tóxico en la corriente linfática que es prácticamente imposible de extirpar a menos que aflore en forma de quiste. Las afectadas exponían que no tenían medios económicos para costearse, no sólo las operaciones, sino las pruebas necesarias para detectar las roturas, los quistes, etc. Porque tanto las ecografías como las pruebas de resonancia magnética, las consultas, el post operatorio, etc. corren por cuenta de la mujer implantada. Solamente aquellas mujeres cuya operación de implante hubiera sido financiada por la Seguridad Social, es decir, cuando se trata de una reconstrucción por cáncer, y poco más, el Estado se hace cargo del tema. Así que hay bastantes mujeres que se han gastado sus ahorros en cambiar los implantes PIP rotos por otros no tóxicos y saben que hay silicona industrial y otros productos tóxicos pululando por su cuerpo, o bien, que les ha salido algún bulto, pero no tienen dinero para acometer otro paso por el quirófano, y nadie les dice las consecuencias a medio plazo.
No es así en todos los países, por ejemplo, en Francia todo el proceso está financiado por dinero público. Pero ni siquiera allí las autoridades han hecho pública la lista de los componentes de los PIP.
Muchos ciudadanos consideran que al ser una operación estética, innecesaria la mayoría de las veces excepto por razones de pura coquetería, las afectadas deben correr con las consecuencias de sus actos y pagarse ellas la resolución del problema. Y a mi me parecería perfecto, si no fuera por un pequeño detalle.
Las prótesis mamarias pasan controles europeos, llevan el sello CE de la Unión Europea, y además, pasan los controles que el Ministerio de Sanidad tiene estipulados. Las clínicas, las pacientes y los cirujanos confiaban en la garantía de ambos filtros, al fin y al cabo, los reguladores están para eso. Pero esta vez fallaron. Por lo visto, el Ministerio de Sanidad español consideró que el hecho de que hubiera obtenido el sello europeo era suficiente, y la Unión Europea fue víctima de un fraude: el fabricante cambió los componentes de las prótesis una vez que hubo obtenido el sello de garantía de la Unión Europea. Las autoridades españolas aconsejan a las damnificadas que denuncien al fabricante mentiroso en España y también ante los tribunales franceses. Pero, teniendo en cuenta la lentitud de la justicia ¿quién se hace cargo mientras tanto de los problemas de salud que están padeciendo? Lo que ellas reclaman es que ya que hubo un error de supervisión estatal, el Estado se haga responsable subsidiario y reclame después a quien corresponda. Puede parecer exagerado pero, si lo pensamos bien ¿para qué sirve un aval estatal, un sello de calidad oficial?
Si se tratara de una crema facial antiarrugas (femenina o masculina) de lujo y poco accesible al común de los mortales, que deja heridas y llagas en la cara y quistes por el cuerpo de por vida a pesar de haber pasado todos los controles sanitarios requeridos tal vez, la gente lo entendería mejor. El hecho de que se trate de agrandamiento del pecho de la mujer abre la puerta al morbo, y también al hipócrita “ella se lo ha buscado” por parte de gran parte de la ciudadanía. Pero lo que está detrás de todo esto es para qué sirve el sello estatal o de la CE si a la hora de la verdad no se responsabiliza de sus errores?
(Publicado en www.vozpopuli.com el 29 de febrero de 2011)
5 comentarios
No entiendo una cosa. Es de suponer que estas mujeres tienen en la mayoria de los casos seguridad social, como la gran parte de los espanoles. Por que no se pueden atender sus problemas de salud en la SS como cualquier otra enfermedad? Al fin y al cabo, a los pacientes victimas de un accidente de trafico no les tiene que pagar la asistencia medica Renault, ni a los que tienen un cancer de pulmon Malboro. Parecera tonto, pero es la misma situacion. Luego ya se depuraran las responsabilidades que sean.
Este Blog tiene informaciones interesantes: http://defensaafectadaspipcostarica.blogspot.com/
El argumento tras el que se oculta Sanidad para eludir su responsabilidad es de aurora boreal.
Si, como dicen,el sistema financia operaciones de reconstrucción, por motivos de salud y no de estética, su obligación de sufragar las operaciones a todas las afectadas «va de soi»
Independientemente de que en su origen estuviera en su día una previa intervención por razones estéticas, lo que hoy se está ventilando es el efecto que causa en el organismo la permanencia en el cuerpo de una de esas prótesis y nadie duda que ese efecto es incompatible con la salud pues afecta y perturba esta de modo directo por distintas vías.
Frente a esa alteración objetiva y constatada de la salud, cuya causa se ha podido aislar y determinar de modo inequívoco, negar una prestación pública por razón del origen de una determinada afección y no de la afección en sí, es algo equivalente a que se aceptara la negativa a tratar a un enfermo de sida porque lo contrajo por su conducta desordenada o a los afectados del síndrome tóxico por no comprar el aceite en los circuitos ordinarios de distribución. Situación esta última que ni por asomo se planteó en su día.
En estos casos el Estado está para actuar y sólo así se legitima. No vale siquiera esconderse tras una supuesta responsabilidad subsidiaria. Tiene auténtica responsabilidad directa que se deriva de su propia omisión injustificada a la hora de atender a unas personas enfermas y necesitadas de específica atención sanitaria de carácter claramente reparador (pues es absurdo pretender que se pueda dividir la retirada de la prótesis y la colocación de otra como actos médicos independientes, cuándo ambos vienen obligados y forman parte de un verdadero tratamiento reparador de la salud y no de mera cirugía estética)
Lo que yo creo que puede estar ocurriendo y no oigo a nadie comentar, quizá sea que si el Estado acomete por sí esa tarea y cumple su obligación, como sin duda perjudicará económicamente el negocio de las clínicas privadas, es fácil que éstas por tal motivo pudieran demandarlo por daños y perjuicios en base a la responsabilidad objetiva de la administración.
La ministra, que como ya vimos con la violencia de género, teme el más mínimo signo de conflicto, se paraliza ante la posibilidad de abrir dos vías de enfrentamiento y vuelve a preferir escurrir el bulto con tal de evitarse que un error la arrastre, cuándo lo único cierto es que si interviniera con decisión podría solventar fácilmente dos flancos distintos conciliando a afectadas y clínicas, pues todo es en el fondo tan simple como desviar a las afectadas a clínicas privadas, abonar el ministerio el costo de las operaciones y todos contentos.
Así que mal por la jaguaresa desde todos los aspectos que se mire.
En esto, sin duda, me quedo con Belén Esteban que sólo siguiendo su intuición, demuestra bastante más acierto en sus apreciaciones por más que no llegue a articular los argumentos más racionales.
Partes de una premisa equivocada: el marcado CE no lo otorga la administracion, si no empresas privadas de certificacion tipo TüV, Aenor o SGS. No el estado ni ninguna agencia estatal. Y el marcado CE, al igual que la ISO o certificados de calidad similares, son una burla a la propia palabra calidad, pues en realidad dichos certificados no evaluan dicha calidad, si no la estandarizacion, que es algo diferente, aunque puede estar relacionado.
Por otra parte, la autorizacion de sanidad para vender productos sanitarios es aun peor. Basicamente, solo evalua si tienes el marcado CE y si tienes montado un sistema de trazabilidad y retirada de productos en mal estado, una vez que ha saltado la alarma.
Aquí el asunto es complicado, doña María. Como bien dice, si el empresario cambia los compuestos o lo que fabrica no tiene nada que ver con lo que ha presentado se está estafando también a la agencia en cuestión.
Entonces la responsabilidad del empresario es doble ante las afectadas y ante la administración.
Para mi la pregunta no es si hay que curar a las damnificadas con dinero público…. sino si es así…..¿para qué tienen que pasar controles públicos si en cualquier caso debería de ser atendidas por el Estado?
Lo cierto es que de nada sirve una agencia que no controle efectivamente los productos que hay en el mercado a la hora de la obtención voluntaria del certificado de garantía como en las posteriores revisiones de los productos aleatoriamente, sorpresivamente, sin conocimiento de la empresa o ante denuncias de consumidores y usuarios y se toman medidas extra.
¿De qué sirve si no esas agencias? De nada.
Lo cierto es que son muchos los casos en los que se demuestra su inutilidad y lo caro que son.
Pero……¿cual es la alternativa? Supongo que unas agencias privadas de calidad de producción y seguridad en el consumo sería la respuesta. ¿A cambio de qué? ¿Cual es el negocio sobre el que conseguir los beneficios que se supone buscan todas las empresas? Se me hace difícil de ver. Cierto es que si las propias empresas al garantizarse la supervisión de esas agencias privadas obtuvieran más y mejores ventas el interés de éstas en asegurar buena calidad en aquellos que les buscan para obtener el sello de calidad que ellas otorgan sería posible obtener un beneficio pero …¿ hasta el punto de perseguir a las empresas de manera furtiva y asegurarse de que quien les han pagado sigan cumpliendo con lo estipulado una vez obtenido dicho sello de calidad?
Se me hace difícil.
Lo cierto es que es complicado obtener garantías a priori, que sólo la confianza ganada en años de buenos servicios y el temor a perderla por unos malos productos son los que pueden garantizarnos la calidad que se supone que estamos comprando. Eso y una justicia eficaz… claro, que exija responsabilidad a quienes hayan cometido fraude y engaño, a quienes hayan provocado daños a las personas y las propiedades….. Si no…. siempre dará igual.